Litigación temeraria: el límite entre defender derechos y abusar de la justicia

Toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales para defender sus derechos pero ese derecho no puede usarse de forma irresponsable. Cuando alguien presenta procesos sin una base real o solo para bloquear pagos y alargar conflictos, los jueces pueden sancionar ese comportamiento, a eso se le conoce como litigación temeraria.

En la República Dominicana, esta situación ha sido señalada en varias decisiones judiciales relacionadas con el abogado Ricardo Antonio Pellerano Paradas, quien ha sido objeto de fallos en los que los tribunales han cuestionado el uso de mecanismos legales sin una base jurídica suficiente. Los casos se originan en oposiciones de pago presentadas por el abogado contra la empresa Shaun International Corp, aunque esta es una herramienta legítima dentro del derecho civil, su uso exige que exista un fundamento claro que justifique la retención del dinero.

Según las decisiones emitidas desde el 2022 por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, las oposiciones notificadas por Pellerano fueron examinadas por los tribunales luego de que la empresa afectada solicitara su levantamiento.

Al revisar los expedientes, los jueces concluyeron que las oposiciones presentadas no estaban respaldadas por un derecho claro ni por pruebas suficientes que justificaran bloquear los pagos reclamados. En consecuencia, ordenaron el levantamiento de esas oposiciones, permitiendo que los pagos retenidos fueran liberados.

Pero las decisiones no se limitaron a levantar las oposiciones. Los tribunales también advirtieron que la utilización reiterada de este mecanismo obligó a la empresa afectada a iniciar múltiples procesos judiciales adicionales simplemente para poder ejecutar pagos que debían realizarse normalmente. Por esa razón, en varias de esas resoluciones el abogado fue declarado litigante temerario y condenado al pago de las costas del proceso.

La litigación temeraria se produce cuando una persona utiliza los tribunales sin fundamentos jurídicos suficientes o con el objetivo de retrasar, obstaculizar o presionar a otra parte mediante el sistema judicial. En esos casos, los jueces pueden imponer sanciones precisamente para evitar que los procesos legales se conviertan en instrumentos de abuso.

Las decisiones relacionadas con Pellerano ilustran cómo una herramienta procesal diseñada para proteger derechos puede terminar generando el efecto contrario cuando se utiliza de forma irresponsable. Además de retrasar pagos, estas acciones obligan a los tribunales a dedicar tiempo y recursos a disputas que finalmente son descartadas por falta de base legal.

Las decisiones judiciales en estos casos recuerdan un principio básico del sistema de justicia, acudir a los tribunales es un derecho, pero no debe convertirse en una herramienta para prolongar conflictos o bloquear obligaciones sin fundamento. Cuando esto ocurre, corresponde a los jueces actuar y poner límites. Solo así se protege la confianza en la justicia y se garantiza que los tribunales cumplan su verdadera función, la de resolver disputas reales con apego a la ley y al interés de la sociedad.